Acerca de la baja de la edad de imputabilidad

22.01.2024

El gobierno de Milei anunció un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Por Federico Méndez en el Nuevo PST y La Marx Argentina


El pasado domingo 14 de enero el ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona anunció en una entrevista a Radio Rivadavia su intención de enviar al Congreso un proyecto de modificación de la Ley 22.278, que hoy establece en 16 años el piso etario de imputabilidad. En el proyecto anunciado por Libarona se pretende bajar la punitividad de los adolescentes de 16 a 14 años.

Dice Libarona: "La edad que me gusta es a los 14 años, y para todos los delitos. Es la que sostienen los casi 30 proyectos que tengo arriba de mi escritorio, que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción"

Siguiendo la misma línea que Libarona, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, dijo en diálogo con TN (martes 16 de enero) que "nosotros estamos trabajando junto al Ministerio de Justicia en el proyecto de que plantea la baja de imputabilidad y en un régimen penal juvenil" y que "Consideramos que se tiene que discutir la edad. Si bien en general se coincide en los 14 años, también hay que ver qué pasa cuando a los 13 o a 12 años un chico asesina o genera un delito gravísimo." A su vez, anticipó que "a fines de enero o febrero vamos a tener el proyecto listo, tanto el Ministerio de Justicia como nosotros lo estamos estudiando, además hemos aportado otros proyectos como el de cambiar la residencia por la reiterancia".

Desde el punto de vista constitucional, el Estado suscribe a tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, que en sus artículos 37 y 40 establece que es punible el menor de 16 años a 18 años de edad, a partir de la cual una persona es plenamente responsable y pasible de ser juzgada y condenada por cualquier delito que pudiera cometer. Por tanto se tendría que hacer una reforma constitucional con una mayoría legislativa para poder aprobarla.


La misma receta de siempre

Este proyecto se puede presentar al ojo desprevenido como una medida propia de un gobierno "de extrema derecha", pero la verdad es que La Libertad Avanza vuelve a la carga con una antigua propuesta presentada por gobiernos anteriores, desde el menemismo pasando por los sucesivos gobiernos kirchneristas y finalmente por el gobierno de Macri.

En el 2004 el ex presidente Néstor Kirchner defendió el proyecto oficial de bajar la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años. En aquel momento sostuvo que es necesario "hablar con claridad sobre el tema de la imputabilidad de los menores" y afirmó que "el régimen de derecho penal especial" que propone crear el gobierno "es un paso cualitativo importantísimo que se puede dar en la Argentina". (Página 12, 2 de mayo de 2004)


Por su parte Cristina Kirchner, en el 2011, durante su primer mandato, dijo "que están las políticas directas de seguridad con buena policía, que no transa con los delincuentes, que no tiene zonas liberadas, jueces también que cuando esa buena policía aprehende a un delincuente no lo larga a los 15 minutos creando una sensación de impunidad e inseguridad en la sociedad" y que "hacer una reducción de 16 a 14 parece lógico". (Página 12, 24 de enero de 2011)


En el 2017, German Caravano, ex ministro de Justicia de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, defendió la baja de imputabilidad a 15 años. El ex ministro reconocía que el número de jóvenes que delinquen no es una cifra alta en las estadísticas de seguridad, pero que —sin embargo— cuando protagonizan hechos dramáticos como homicidios o violaciones generan una sensación de "impunidad".

El desenfrenado aumento de la pobreza y las políticas de contención

La razón de fondo del aumento de la delincuencia infantil no forma parte del campo de la "decisión individual", no es un "fenómeno cultural" ni un "problema de educación"; la principal causa es el cada vez más acelerado aumento de la pobreza y su consiguiente deterioro del tejido social.

Según las estadísticas e informes de organismos dedicados a lo penal, de los menores que delinquen, un 82% lo hace en robos contra la propiedad y el 85% son llevados a cabo por chicos que ingresan por primera vez a la delincuencia. Solo el 15% de esos delitos son realizados por adolescentes con causas penales. En un informe del Unicef se dice que más del 30% de esos chicos habían vivido en la calle; más de un 14 por ciento de ellos en hogares donde sufrieron abusos sexuales y golpeados por propios familiares; el 80% habían consumido estupefacientes a los 14 años.

El informe "Argentina siglo XXI: deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos" presentado por la Universidad Católica Argentina (UCA) a fines del año pasado, nos dice que la pobreza alcanzó el 44,7% afectando a casi 19 millones de argentinos. A esto se suman los números de la indigencia que, según el informe, es de un 9,6%, que traducido en personas se trata de 4 millones de argentinos que no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En total, sumando pobres e indigentes, suman 22 millones de personas que no cumplen con las necesidades básicas de salarios, salud, educación y alimentación ¡Casi la mitad de la población total! Pero el porcentaje que más nos interesa para este análisis es el que destaca el último informe del INDEC; este nos dice que, entre los niños de 0 a 14 años, la pobreza alcanzó el 56,2%, un incremento de 5,3 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2022 ¡Más de la mitad de los niños son pobres!


Esta aceleración desenfrenada de la pobreza es resultado, principalmente, del anterior gobierno de Alberto/Massa/Fernández, —particularmente con el gobierno de Massa se pegó un salto descomunal—, pero el gobierno de Milei va en el mismo camino, va a profundizar —y ya lo está haciendo con saña— aún más esta catástrofe social.

Y entre tanta demagogia —oficial y opositora—, resalta la de los anteriores gobiernos kirchneristas/peronistas, que se vanaglorian el haber enfrentado la pobreza impulsando la ayuda social a través del Estado con programas y planes sociales. Pero la realidad es que estas medidas son un simple elemento de contención de la pobreza, en ningún momento impulsaron —ni impulsan— un plan económico serio que garantice el empleo pleno para la población desocupada. Todo lo contrario, siguieron aplicando esta receta sin salida, mientras que lo que realmente creció es el empleo informal e inestable, es decir, las "changas" o los empleos temporales.

La política de contención social se viene aplicando desde los '80, pero se consolida como política permanente de la burguesía —y parte de la columna vertebral de la Argentina capitalista— luego del 2001. Fue sostén del kirchnerismo e incluso del macrismo, y lo sigue siendo de este gobierno —a pesar de que anuncien la disminución de los planes—. Sin la cobertura de los planes sociales el 9,6% de indigencia treparía al 20,1% dando un total de 9 millones de argentinos ¡Un estallido social en potencia!

En este panorama de pobreza extrema y acelerada degradación del tejido social, la delincuencia encuentra un excelente caldo de cultivo; el narcotráfico y la prostitución —en connivencia con la policía y los políticos de turno— pueden reclutar cada vez más jóvenes que no encuentran salida en esta argentina capitalista. 

Cada vez son más los pibes que deciden abandonar el colegio porque saben que no hay una salida laboral genuina —escasean las fábricas y los trabajos son cada vez más precarios, los salarios bajísimos y las posibilidades de ascenso social son casi nulas—, o porque al proceder de familias humildes tienen que lidiar con "padres ausentes" que tienen que trabajar todo el día para traer algo de comer. Mientras que los medios de comunicación y las redes sociales los apabullan "24/7" con lujos inalcanzables, el mensaje es el siguiente: si no los tienes no sos nadie. Pero el salario de changarín no alcanza ni por asomo para comprar el último modelo de celular o las zapatillas "de marca" ¡Y hasta las dos comidas diarias se están transformando en un lujo!

Frente a esta catástrofe social lo único que nos ofrecen los distintos gobiernos capitalistas son medidas punitorias, más cárceles y represión.

Nosotros, desde el Nuevo PST, creemos que para sacar a los jóvenes de la delincuencia hay que generar trabajo genuino. Sin esto último es imposible la reinserción social. Hay que aumentar el presupuesto educativo y para la salud; hay que invertir en cultura —hoy día tan bastardeada por el gobierno de Milei— y deporte. Ningún pibe de familia obrera y/o pobre tiene que pasar hambre; hay que nacionalizar la industria alimenticia para ponerla al servicio de las familias obreras. En un país que produce alimento para más de 400 millones de personas no puede ser que más de 4 millones de niños y adolescentes tengan carencias alimenticias. Hay que devolverles a nuestros pibes la esperanza de futuro, hay que darles a todos ellos la posibilidad de estudiar, teniendo como perspectiva una verdadera salida laboral, y que los colegios dejen de ser meros espacios de contención; hay que posibilitarles —a TODOS ellos— recursos para que puedan ingresar a la universidad pública —una posibilidad cada vez más alejada de las mayorías populares—. 

Pero el gobierno de Milei —al igual que los anteriores gobiernos— apunta en sentido contrario: está llevando adelante un feroz ataque a la educación, la salud y el trabajo, mientras que recurre a la vieja receta para la tribuna de cargar contra los pibes, negando cualquier política que pueda sacar de verdad a nuestros jóvenes de la delincuencia. El único sector social que puede revertir estas medidas reaccionarias y arrancarle concesiones a estos gobiernos burgueses es la clase obrera organizada y movilizada. Pero hay que dejar algo bien en claro, nunca va a haber una solución de fondo para nuestros pibes bajo el capitalismo, porque lo único que le importa a este sistema es la ganancia del 1% más rico que es dueño del país. Es por eso que llamamos a luchar, junto a los pibes de los sectores más humildes, por un gobierno obrero y popular.

Desde el Nuevo PST decimos ¡No a la baja de imputabilidad!



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